Acuamed pagó 330 millones de sobrecostes en obras de las desaladoras

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pone la lupa en el sistema que utilizaban los investigados para inflar los certificados de obra y las posteriores liquidaciones, según una información recogida por El Economista. El Tribunal de Cuentas (TC) había alertado ya en septiembre de 2014 que la empresa Acuamed había pagado hasta 330 millones de sobrecostes en las distintas obras realizadas en un total de nueve desaladoras ubicadas en la zona del Mediterráneo. “Aunque por el momento los primeros indicios judiciales señalan que la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura podría haber defraudado 25 millones de euros, los motivos de las plusvalías que reseñó el órgano supervisor en el informe de fiscalización de la sociedad son idénticos a los que ahora se investigan: contratos dados por encima de la licitación inicial, revisión de precios y pagos por liquidaciones”, según dicha información del periódico mencionado.

El informe del Tribunal de Cuentas al que hemos hecho alusión, aunque fiscaliza los años 2011 y 2012 hace referencia al periodo 2005-2012, etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya entonces, el TC hizo recomendó poner en marcha medidas para minimizar las "desviaciones de los presupuestos motivadas por los errores y defectos" en los que se incurrían a la hora de planificar las inversiones, pues el documento señaló un sobrecoste de 30,8 millones en la obra de la desaladora almeriense de Carboneras, pasando el precio inicial de 116 millones de euros a 147,3 argumentadas como "modificaciones", "revisión de precios", "liquidaciones" y "defectos de planificación".

Por su parte, el proyecto malagueño en la planta de El Atabal también ascendió otros 15 millones por un "defecto de planificación", mientras que la remodelación de la desaladora de Marbella costó 2,05 millones de euros más de lo previsto por otro "defecto" en la estimación de los costes de expropiación. En cuanto al contrato para la desaladora de Valdelentisco (Cartagena), se adjudicó por 79,5 millones de euros, 7,2 millones por encima del precio inicial de licitación, a lo que se le sumó un modificado de otros 34,6 millones de euros y 10,1 millones más por la liquidación final, informa El Economista.

Asimismo, la planta de Campello (Alicante) contaba con un presupuesto de 53,6 millones de euros que posteriormente se elevó 24,1 millones de euros hasta los 77,7 millones. La inversión para las obras de la desalinizadora para riego en Águilas (Murcia) se incrementó también un 41,2 por ciento después de realizar un modificado de 58,7 millones y una revisión de precios de 10,8 millones, mientras que la desaladora del Campo de Dalías (Almería) sufrió un aumento del 44 por ciento respecto al coste de la inversión prevista y el proyecto pasó de costar 166,7 millones de euros a 240,1 millones.