La ingeniería Abantia ha presentado concurso de acreedores ante la imposibilidad de refinanciar una parte de la deuda de 140 millones de euros que arrastra el grupo, según la información facilitada por Crónica Global. La firma, controlada por las familias Boada y Gummà, “ha visto precipitada su insolvencia tras la marcha por desavenencias con los propietarios de Andreu Puig, nombrado consejero delegado en octubre de 2015”.
La compañía, especialista en la instalación de sistemas tecnológicos, necesitaba ampliar el plazo de devolución de 10 millones de euros, si bien se lo ha denegado la banca. La suspensión de pagos afecta a la matriz Abantia Empresarial, S.L., y a seis filiales.
El pasado mes de diciembre, Abantia ya se había declarado en preconcurso de acreedores, aunque no ha agotado el plazo legal para lograr pactar un convenio. La ingeniería estaba dirigida entonces por Andreu Puig, que había ocupado varios cargos en la gerencia del Ayuntamiento de Barcelona.
Por desaveniencias con los propietarios, Puig dimitió la semana pasada, ocupando su sillón Acisclo Pérez Moral, que tomó el mando como consejero delegado. Concretamente, el nombramiento de Puig coincidió con la retirada del presidente Claudio Boada Vilallonga de las funciones ejecutivas de la corporación. El también expresidente del Banco Hispano Americano, el INI, el Instituto Nacional de Hidrocarburos o Ford, entre otros cargos, delegó en su hijo, Francisco Boada Pallerés.
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