AMDPress.- El Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, 18 de junio, derogó por decreto ley el trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) diseñado por el anterior Ejecutivo. Las reacciones no se han hecho esperar, y los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia estudian la presentación de un recurso contra la norma. Por el contrario, colectivos ecologistas han aplaudido la medida.
El real-decreto, con unas inversiones previstas de 4.000 millones de euros, apuesta, principalmente, por la desalación, y aboga por mejorar la reutilización de las aguas residuales, incrementar la potabilización, la recuperación hidrográfica, la construcción de embalses y llevar a cabo mejoras en los canales actuales de regadío, entre otras.
La iniciativa recoge más de 100 actuaciones que supondrán, según la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, un ahorro “inmediato” de 400 millones de euros por “paralización de obras”, y de 1.600 millones a largo plazo. Asimismo, contempla la construcción de 20 desaladoras, el eje central de su plan para aportar 621 hectómetros cúbicos al año.
La cantidad de agua prevista -1.068 hectómetros cúbicos- se distribuye así: un 37% para la Comunidad Valenciana, el 30 para Andalucía, el 19 para Murcia y el 14% para Cataluña. Las inversiones se reparturán como sigue: a la comunidad andaluza se destinarán 579 millones de euros, 875 irán a parar a Murcia, la Comunidad Valenciana recibirá 1.219 y Cataluña 1.110 millones de euros.
Para asegurarse la finanaciación, el Gobierno ha “transmitido” a los comisarios europeos competentes en la materia la “intención de solicitar fondos de cohesión y FEDER”, en concreto de los 1.200 millones solicitados en un principio para acometer el trasvase del Ebro, dijo Narbona.
En cuanto a las reacciones institucionales, la Generalitat Valenciana inicirá hoy, lunes, los trámites para promover una iniciativa legislativa popular (ILP) con la intención de “reponer” el debate “hurtado” sobre el Plan en las Cortes Generales, según anunció el conseller de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo autonómico, José Ramón García Antón.
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, anunció que “va a seguir agotando todas las posibilidades para que Murcia tenga el agua que los murcianos merecen, la que necesitamos y que por justicia nos corresponde”, y agregó que convocará una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para aprobar el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación del artículo 13 del PHN.
En cuanto a las organizaciones ambientalistas, Greenpeace se muestra satisfecha con la derogación del trasvase del Ebro, a pesar de lo cual muestra sus divergencias con respecto a las propuestas alternativas presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente, “ya que más que solucionar el problema del supuesto déficit de agua, proponen una oferta similar a la planteada por el propio trasvase”.
En cuanto a la profusión de desaladoras, la citada organización afirma que esta técnica “sólo debe usarse para consumo humano” y subraya que hay que el impacto ambiental de las mismas, en especial el vertido de salmuera en las praderas de posidonia “debe analizarse en profundidad” . Y agrega que estas instalaciones deben “respetar la ley de costas y utilizar energías renovables dada la importante cantidad de energía que requieren”.
Por su parte, Ecologistas en Acción aprueba la decisión adoptada el pasado viernes, pero critica que el Gobierno no cierre definitivamente la posibilidad de trasvasar agua entre cuencas.
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